El defensor del pueblo acepta mediar entre los "okupas" de Lavapiés y las instituciones
25 de octubre de 1997
B. AGUIRRE, Madrid
El Defensor del Pueblo mediará para evitar un desalojo violento de los okupas afincados desde abril
en un edificio del Ministerio de Economía y Hacienda en Embajadores, 68 (Lavapiés). Su
intervención no fue solicitada por los propios okupas, sino por la asociación La Guinda, creada por
familiares de los 158 jóvenes arrestados en marzo durante un desalojo en La Guindalera. Los
miembros de La Guinda, partidarios de que la okupación deje de ser delito, critican que las
instituciones sólo se acuerden de sus edificios abandonados cuando alguien entra en ellos (éste
llevaba más de tres años sin usar) y reclaman respuestas "más imaginativas" que el desalojo, por
ejemplo, la cesión temporal de dichos inmuebles a los jóvenes. Al Defensor le plantean que solicite
a Economía el archivo o suspensión del expediente abierto para echar a los jóvenes de Embajadores
y que presente alegaciones ante el juzgado de instrucción número 46, al que el ministerio ha pedido
el desalojo. El Defensor acepta un papel mediador, pero matiza que no puede pedir el archivo del
expediente administrativo a Economía "porque nada hace pensar que sea irregular", ni tampoco
alegar ante el juez "porque lo tenemos vetado". "Pero sí podemos intentar acercar la postura de los
okupas y la del ministerio para buscar soluciones intermedias, como podría ser, y es sólo una
suposición, una cesión temporal de otro inmueble vacío o un retraso del desalojo", añade. El
Ayuntamiento de Madrid tiene previsto expropiar el edificio okupado al ministerio para derribarlo
antes del año 2000 y dedicar el terreno a aparcamiento para residentes y a zona verde, algo que
escasea en el barrio.